Según
la noticia que procedemos a comentar, dicho de una forma más simple, el
Gobierno español pretende eliminar unas determinadas cláusulas que los
estatutos de algunas empresas disponen. Dichas cláusulas regulan la
participación de los accionistas en la toma de decisiones de la empresa, lo
cual en un principio parecía beneficioso, pues se evitaba de esta forma que los
socios mayoritarios “ejercieran un poder de decisión preponderante” frente a
los demás.
Sin
embargo, estas limitaciones del voto se han ido convirtiendo en un método de
defensa de algunos directivos ante inversores en potencia que pretenden
adquirir una considerable parte de las acciones. De esta forma, los directivos
se aseguran así de no perder el control en la toma de decisiones de la empresa.
Es
a esto lo que llamamos separación entre la propiedad y el control de la empresa.
En una empresa, encontramos un consejo de administración y un director general,
que son quienes toman las decisiones y gestionan la empresa; y un conjunto de
accionistas. El conflicto de intereses se produce entre ambos cuando persiguen
objetivos distintos.
Mientras
que los accionistas buscan la maximización de los beneficios de la empresa (por
lo cual, el valor de sus acciones aumenta), los directivos buscan la
maximización del tamaño de la empresa (por lo cual, generalmente, aumenta su
salario). Es por ello, por lo que la mejor solución es que directivos y accionistas
lleguen a algún tipo de acuerdo, en el que satisfagan los intereses de ambos.
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