“El
joven Iñigo Cabacas Liceranzu, muere después de tres días en coma, por las heridas sufridas en la cabeza
por causa del lanzamiento de una de las pelotas de goma por parte de los
agentes de la policía vasca”. Este es un ejemplo de los problemas que
surgen ante un abuso de autoridad.
El
abuso de autoridad se produce cuando una persona que ostenta un cargo público,
en la gestión de sus funciones impuestas por la ley, realiza acciones
contrarias a esta mediante un ejercicio abusivo. Este tipo de abuso, se puede
dar mediante la privación de libertades o derechos a los individuos, como el
derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y la igualdad entre
ciudadanos, entre otras garantías.
En
este caso concreto, la policía al tratar de disolver los tumultos producidos tras
el partido de fútbol, pareció no discernir entre aquellos que ocasionaban los
disturbios y el resto de los transeúntes, causando en una carga que muchos
califican como “desmesurada e injustificada”, la muerte del joven, que se encontraba
con amigos y familiares en el momento del altercado.
Ciertamente,
las autoridades tienen facultades para detener a quienes consideren han
incurrido en algún delito o para intervenir en circunstancias en las que haya
que restablecer el orden público, pero hay ocasiones en las que no hay un
fundamento o algún medio probatorio que justifique estas decisiones.
Especialmente
ahora, en esta etapa de transición y cambios, de reivindicaciones y
manifestaciones; el tema del abuso de autoridad, está siendo muy abordado en todos
los medios de comunicación, ya que, cada vez es más común escuchar testimonios
de ciudadanos acerca de cómo algunas autoridades, basadas en la posición de superioridad
que les otorga su cargo, tratan mal a las personas que requieren de sus
servicios.
Existen
además casos de corrupción entre funcionarios públicos que piden dinero a los
interesados por la realización de trámites en un tiempo razonable, siendo estos
trámites gratuitos. En estas ocasiones, si los interesados no actúan de dicha
forma, ven como se producen retrasos deliberados de los procedimientos
habituales.
Consideramos
que los funcionarios públicos son necesarios para el buen funcionamiento del
sistema, pero que su trabajo está orientado a ayudar a que el conjunto de
ciudadanos de nuestro país alcance el llamado Estado de Bienestar; y el hecho
de que, dentro de su organización estos persigan objetivos individuales (como
el ascender de posición o el enriquecerse), no debe afectar al resto de
individuos que no forman parte del poder o la jurisdicción del Estado.
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